Ley de contratos de crédito inmobiliario

La nueva ley establece, entre otras cuestiones, el reparto de gastos entre la entidad financiera y el consumidor, el abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada, o el aumento de los meses de impago antes de que se ejecute un crédito.

La Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ya publicada en el BOE y que entrará en vigor a mediados de junio de este mismo año, permite reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y establece medidas para incrementar la transparencia en las condiciones de los contratos hipotecarios.

Se trata de una ley procedente de la directiva de la Unión Europea que tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de las personas físicas que sean deudores o fiadores de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir.

Esta nueva ley de contratos de crédito inmobiliario establece principalmente:

  • Las normas de transparencia y de conducta que imponen obligaciones a los prestamistas e intermediarios de crédito.
  • Las normas de conducta aplicables a la actividad de prestamistas, intermediarios de crédito inmobiliario, representantes designados y asesores.
  • Regula el régimen jurídico de los prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario y establece un régimen de supervisión y de sanción para los incumplimientos de dichas obligaciones.

¿Qué más tiene por objeto esta nueva normativa?

  • Refuerza las garantías para los prestatarios en el proceso de contratación.
  • Abarata las comisiones de cancelación anticipada de los préstamos a tipo variable hasta eliminarlas a partir de los cinco años de vigencia del contrato. Igualmente, anula la comisión a partir del tercer año en la conversión de tipo variable a fijo, y rebaja los gastos de notaría y aranceles.
  • Establece que durante los primeros días antes de la firma del contrato, el hipotecado deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas abusivas o poco claras. Además de ser asesorado de forma gratuita por el notario interviniente.
  • Prohíbe al banco ligar la concesión del préstamo hipotecario a la contratación de productos.
  • Fija que para que se pueda iniciar la ejecución de un préstamo hipotecario o desahucios, debe haberse producido nueve pagos mensuales del 2% del capital otorgado durante la primera mitad de la vida del préstamo. Durante la segunda mitad el porcentaje es del 4% o de doce cuotas mensuales impagadas.
  • Las clausulas suelo quedan totalmente prohibidas.

Esta nueva legislación puede considerarse por tanto como protectora ofreciendo una mayor seguridad y regulación en el ámbito del crédito inmobiliario.

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